La política anticorrupción puesta en marcha en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha sido tan efectiva, toda vez que cinco de cada 10 empresas experimentaron alguno de este tipo de actos en el país, en los últimos tres años.
Así lo dieron a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al señalar que, de 2022 a 2023 la corrupción incrementó nueve puntos porcentuales, esto es, de 39% a 48%, “el porcentaje de incidencia más alto reportado en los últimos seis años”.
Ambas instancias hicieron un llamado para que las campañas electorales aprovechen estos diagnósticos y consideren a los empresarios, a la sociedad civil y a la ciudadanía como parte de la solución.
En conferencia se dijo que las tres razones principales señaladas por las empresas para participar en un acto de corrupción fueron directamente vinculadas con interacciones con las autoridades.
De esta forma, “agilizar trámites” fue la explicación principal para el 59% de las empresas involucradas, seguida de obtener licencias o permisos para el 39% y, por último, para evitar multas, sanciones o clausuras, fue el 31% de los casos.
A pesar del crecimiento en la incidencia de corrupción, se reveló que 73% de los empresarios decidieron no denunciar ante las autoridades, y las dos justificaciones más importantes para ello son, que “los empresarios lo consideran un acto que no sirve para nada y, de manera preocupante, el temor a represalias”.
En el caso de las empresas que sí denunciaron, únicamente el 4.0% de los casos tuvieron un proceso que se investigó y culminó con la sanción al responsable.
Por su parte se mencionó que cada región del país vive de manera diferenciada este fenómeno, y entre las entidades representadas por la encuesta, la mayor incidencia se concentra en Baja California (67%), Puebla (65%), Quintana Roo (64%), Tlaxcala (63%) y Sinaloa (63%). Y las entidades con menores índices fueron Guanajuato (35%), Querétaro (32%), Tamaulipas (32%), Coahuila (28%) y Durango (19%).
Dentro de las buenas noticias, añadió que ocho de cada 10 empresas ya cuentan con instrumentos para lograr disminuir la corrupción, tales como códigos de ética, de políticas de auditoría interna y políticas anticorrupción.