Culiacán, Sin.- El expresidente municipal de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, junto con ocho exfuncionarios de su administración 2021-2024, fue vinculado a proceso por los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público, derivados de un contrato de arrendamiento directo por más de 171 millones de pesos para patrullas.
La decisión fue tomada tras una audiencia de más de diez horas, en la que el juez resolvió favorablemente la solicitud presentada por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. La carpeta de investigación detalla que el 9 de diciembre de 2021, el Cabildo de Ahome aprobó la adjudicación directa de 126 unidades con conversión a patrullas. Al día siguiente se firmó el contrato DA-ARRENDAMIENTO-08/2021 con la empresa Grinleasing SAPI de CV, representada por Raúl Hernández, con una vigencia de 35 meses y vencimiento en octubre de 2024.
Posteriormente, el 2 de febrero de 2022, se modificó el contrato: se redujo el monto a 161 millones 112 mil pesos, y el número de unidades aumentó a 135, gracias a cambios en las marcas de los vehículos.
Sin embargo, se detectó que Grinleasing no contaba con el parque vehicular suficiente, por lo que subcontrató a la empresa Casanova Vallejo, generando un gasto adicional de 42 millones de pesos al municipio. Según el Ministerio Público, este gasto pudo haberse evitado si se hubiera contratado directamente a dicha empresa. Además, se señaló que el contrato original se adjudicó sin licitación, violando los procedimientos establecidos por ley.
Los funcionarios también vinculados a proceso son:
- Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento
- Julio César Romanillo Montoya, exsecretario de Seguridad
- Antonio Humberto Vega Arellano, extesorero
- Gerardo Hervás Quindos, exdirector de Administración
- Héctor Adonai Beltrán, exdirector de Egresos
- Mary Sol Morales y Judith Luna Castro, exregidoras
- Fausto Ibarra Celis, exdirector del Órgano de Control Interno
Como medidas cautelares, el juez ordenó a los implicados firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y no salir del país sin autorización judicial. Se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, por lo que la próxima audiencia será el 8 de enero de 2026.