Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de establecer criterios comunes para la actualización de las Tablas de Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso del Estado sostuvo este lunes una reunión de trabajo con representantes de finanzas y catastro de los 20 municipios.
El encuentro fue encabezado por la diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y moderado por el diputado Ambrocio Chávez Chávez, quien preside la Comisión de Hacienda Pública y Administración.
Durante su intervención, Guerra Ochoa señaló que la intención principal es construir acuerdos y escuchar las propuestas de los municipios, a fin de que la actualización de las tablas catastrales no se determine únicamente desde el Poder Legislativo. Explicó que uniformar criterios permitirá fortalecer la recaudación municipal sin perder de vista las necesidades locales.
“Seguramente ustedes traen estrategias para fortalecer la recaudación”, expresó la legisladora, al tiempo que llamó a trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para atender los desafíos financieros y de seguridad social.
Por su parte, el diputado Ambrocio Chávez coincidió en que el consenso es fundamental para evitar decisiones unilaterales y avanzar hacia una actualización equilibrada de los valores catastrales.
En la sesión también participó Eduardo Alarcón López, director del Instituto Catastral de Sinaloa, quien recordó que en años recientes la actualización se ha definido conforme al valor de los bienes inmuebles: 2.5% para propiedades de hasta un millón de pesos, 3% para las que oscilan entre uno y tres millones y 4% para aquellas que superan los tres millones.
Alarcón subrayó además que los municipios cuentan con otras alternativas para mejorar su recaudación sin necesidad de incrementar el Impuesto Predial, destacando la importancia de aplicar justicia fiscal y garantizar que los cobros se realicen correctamente.
Entre los asistentes también se manifestó la necesidad de aplicar mayores tasas en zonas donde la inversión pública en obras y servicios es mayor, con el fin de equilibrar cargas y mejorar la prestación de servicios municipales.